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DECLARACIÓN:

Por una Patria Nueva, Digna y Soberana

1. Un significativo grupo de ciudadanos en el país, promotores desde hace varios años de la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente de carácter democrático y popular, ha decidido por estos días comprometerse con una campaña política electoral que anime la lucha del pueblo por el logro de un gobierno que recoja sus banderas y aspiraciones, y trabaje decididamente por la conquista de una Patria Nueva, Digna y Soberana.

Los emecepistas a nivel nacional conscientes de nuestro papel y del reto histórico que representa avanzar en la lucha contra el fascismo y la antidemocracia, la desigualdad y la exclusión social y política, así como frente al atraso, la continua y honda dependencia de la patria, expresa su compromiso con dicha campaña, resaltando el invaluable esfuerzo unitario y de movilización que realizan numerosas organizaciones, dirigentes y activistas defensores de este proyecto, que tiene como centro la acción política contra el régimen y el gobierno, así como la conquista de un gobierno de avanzada, comprometido con el pueblo y las transformaciones democráticas que reclama la nación. 

2. La dramática y compleja situación del país reclama y exige respuestas distintas al continuismo que predican los partidos de la Unidad Nacional, Cambio Radical, el Centro Democrático y la llamada izquierda institucional colaboradora del neoliberalismo y la democracia restringida.

La experiencia sigue demostrando que la corrupción y el clientelismo, el saqueo y entrega a las multinacionales de nuestros recursos naturales y energéticos, el desempleo, exclusión y pobreza de millares de colombianos, la represión y ausencia de derechos y libertades son derrotables, sólo y en la medida en que los trabajadores, el pueblo, las mayorías nacionales deslindemos campos, repudiemos y derrotemos con nuestra acción política a la oligarquía vende patria, a su régimen y sus gobiernos, únicos responsables de la profunda crisis económica, social y política en que hoy se debate el país. 

3. A unos cuantos meses de la terminación del mandato de Juan Manuel Santos como Presidente de la República la patria no cesa de convulsionar; cientos y miles de promesas incumplidas, hambre y miseria por doquier, decrecimiento económico, ruina y destrucción del sistema hospitalario y de salud, privatización de la educación, desempleo, represión y muerte son los resultados de un gobierno de espaldas al interés nacional, ahogado en el pantano del fracaso, que no descansa en afirmar su confabulación y servilismo a los monopolios nacionales y extranjeros. 

La Patria reclama cambio, no más injusticia y cortinas de humo para tapar la incapacidad de una oligarquía corrupta que no cesa de mancillar a la nación. 

4. Múltiples han sido los sacrificios de una Colombia que anhela la paz con justicia social, no obstante, el panorama que se mantiene no deja de ser desolador. Los recientes hechos de Tumaco-Nariño así lo demuestran y lo siguen demostrando las constantes violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, la militarización de los campos y ciudades, los bombardeos, las recompensas y el tratamiento de guerra que reciben los numerosos conflictos sociales existentes en el país. 

La comunidad internacional lo sabe y los hechos a diario así lo confirman, que la “paz romana” de Santos es un total fracaso. El digno propósito de terminar el conflicto y avanzar en la construcción de una paz duradera contrasta ostensiblemente con la continuidad y agudización del conflicto, la manipulación e incumplimiento de los acuerdos de La Habana, así como con la negativa a emprender en un marco de amplia y abierta participación social un diálogo con las demás organizaciones guerrilleras. 

Con todos esos contrasentidos abordo, la expectativa respecto a los frutos de la Mesa de Quito se mantiene e imprime al gobierno un claro mensaje:

El Estado está en la obligación de redireccionar el camino, abandonar la guerra y asumir el rumbo de la paz con justicia social, convocando con las garantías que corresponden a un amplio diálogo nacional en donde la participación de todos los actores y sectores sociales, sin distingo, de la sociedad colombiana, tenga como fin la discusión y concreción de las reformas democráticas necesarias para la superación del conflicto económico, social, político y armado que padece la nación.

En nuestra campaña, los emecepistas insistiremos en dicho mensaje, destacando el gran reto que asiste a todos los demócratas de lograr un gobierno laborioso, comprometido con el diálogo social, defensor de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, responsable con el desarrollo de una política de paz y termine de una vez  por siempre con los bombardeos, la erradicación forzada de los cultivos ilícitos, la militarización y las recompensas, los falsos positivos y el paramilitarismo. El fin del ESMAD comprenderá además el desarrollo de una política donde las huelgas y demás conflictos sociales dejarán de criminalizarse y recibir un tratamiento de guerra.

En el marco de los diálogos con la insurgencia, los demócratas aspiramos conquistar un gobierno, que propenda por el ejercicio pleno de los derechos y la convivencia social, y en ese marco no dude en cumplir de manera seria con todos aquellos acuerdos que beneficien al país, el bienestar y las libertades. 

5. Proponemos al pueblo luchar de manera resuelta por la conquista de un gobierno de esencia democrática, patriótica y popular que brinde salidas inmediatas y claras a los acuciantes problemas de la nación. El neoliberalismo y todos aquellos tratados que lesionan la soberanía serán suprimidos de la Carta Política, las leyes y política colombiana. Estimularemos la lucha por la reducción del alto costo de vida, por planes de vivienda que elimine la intermediación especulativa del sistema financiero; por la restauración de un sistema de salud y seguridad social que privilegie la vida y los derechos de las personas; trabajaremos por el fortalecimiento de la educación pública y la edificación de un sistema educativo que se reencuentre con la ciencia y la tecnología y asuma como mira su contribución al desarrollo nacional.

La defensa de los recursos naturales, el medio ambiente, la biodiversidad y el ecosistema comprometerá al gobierno popular en hacer efectivos los protocolos y acuerdos internacionales en este campo.

Incoar frente a la erradicación de los cultivos ilícitos y el tráfico de estupefacientes una política que dé cuenta de nuestra soberanía e independencia; el nuevo gobierno propenderá en ese sentido por eliminar de los planes y políticas del Estado la erradicación forzada de los cultivos buscando que las soluciones a este grave problema siempre sean acordadas con las mismas comunidades. Las fumigaciones y el tratamiento punitivo de los campesinos de las zonas de coca y amapola no harán parte de la hoja de ruta de este gobierno, que en todo momento propenderá porque la sustitución de dichos cultivos se acompañe de un Plan de seguridad y soberanía alimentaria, así como de una reforma agraria democrática que posibilite al campesinado acceso a la tierra, los mercados, precios de sustentación, seguridad social, al bienestar general y ejercicio pleno de sus derechos. 

Frente a la comercialización de las drogas ilícitas buscaremos soluciones en pie de igualdad con los demás países, rechazando la injerencia extranjera y el guerrerismo sustentado en el pretexto del “combate a las drogas”. Y respecto al consumo de estupefacientes nos unimos a quienes trabajan por su despenalización, así como por soluciones reales a los problemas sanitarios, sociales, educativos y éticos del consumo de drogas.

Un gobierno auténticamente democrático, patriótico y al servicio del pueblo empeñara todos sus esfuerzos por la reconstrucción del aparato productivo del país, actualmente destruido por el neoliberalismo, la globalización imperialista, el pago de la deuda externa y la guerra antipopular. Suprimiremos los impuestos indirectos y reduciremos las tarifas de los servicios públicos, el transporte y los combustibles. El presupuesto nacional se incrementará para el gasto social y la inversión, el desarrollo de las regiones y la atención de las necesidades económicas y sociales de las comunidades. 

6. Compartimos definitivamente que el país requiere de un cambio, una hoja de ruta distinta y un ordenamiento jurídico-político que posibilite las reformas democráticas y el ejercicio pleno de los derechos y libertades. Todas las fuerzas del campo popular y democrático en esta campaña proponemos marchar por un gobierno que convoque una Asamblea Nacional Constituyente de carácter democrático y popular, que además de definir la Nueva Constitución Política, establezca las bases de las reformas democráticas que reclama el país desde varios hace años.

La Constituyente será precedida de un amplio debate nacional y en ella estarán representados de la manera más amplia todos los sectores sociales y fuerzas políticas del país. Siendo un reto grande e histórico la Constituyente tendrá dentro de sus tareas la restitución del pueblo como constituyente primario, devolviéndole sus facultades y poder soberano, para que nunca más su poder legislativo, fiscalizador y de definición y revocatoria del mandato comprendan un asunto formal y limitado. En esa misma línea se reestablecerá el concepto de sufragio universal y soberanía popular, el Estado rescatará su función social, se eliminará el presidencialismo y el papel preponderante de las FFAA, se redefinirá la estructura y funciones del Estado, en todas su ramas, a fin de establecer una verdadera división y equilibrio de poderes, ampliar y establecer garantías de participación de todo el pueblo en la definición de los asuntos y políticas del Estado, y una efectiva fiscalización y control constitucional. 

La Constituyente definirá igualmente las bases de la reformas económicas y sociales que reclama hoy el pueblo, como son la laboral, agraria, educativa, salud, transporte, servicios públicos,  a la justicia entre otras. 

Estamos comprometidos con el cambio, y aferrados al principio de que solo la lucha nos hará libres, trabajaremos sin descanso por la construcción de una Patria Nueva y Soberana. 

7. Siendo estas nuestras banderas y ejes de la campaña política que emprenderemos en los próximos meses, los emecepistas de manera igual depositamos nuestra confianza en los candidatos populares, que de manera honesta, consciente y abnegada vienen defendiendo estos lineamientos de cara a la lucha del pueblo y en las diferentes regiones del país. 

Para la Presidencia de la República, nos unimos la campaña que actualmente desarrolla el exmagistrado Jaime Araujo Rentería, destacando su amplio conocimiento y compromiso con la causa democrática del pueblo. 

Para el Senado la opción es igualmente   clara, en una lista cerrada encabezada por el dirigente sindical, social y político Tarsicio Rivera Muñoz, marcharemos por toda la geografía nacional sustentando nuestras apuestas políticas. 

Para la Cámara de Representantes, destacamos en las diferentes regiones del país, la existencia de compañeros con cualidades y virtudes de auténticos dirigentes políticos con capacidad y compromiso con el pueblo, con los cuales se puede alcanzar una representación que además de potenciar el trabajo en las regiones, contribuya a la difusión de las propuestas políticas. 

Con disposición unitaria y apreciando que esta campaña es fundamental en la cohesión de un fuerte movimiento político de masas que destaque las banderas y candidatos populares llamamos a los trabajadores, a los campesinos, estudiantes, a las mujeres y jóvenes del pueblo, a las diferentes fuerzas, organizaciones, dirigentes y activistas del campo democrático a discutir y asir con fuerza este reto que hoy nos demanda la historia.

 

¡Por una Patria Nueva y Soberana!

¡Fortalezcamos la lucha popular!

 ¡Por un gobierno democrático, patriótico y popular!

¡Unidad Organización y lucha popular!

 

¡Por una Asamblea Nacional Constituyente

Democrática y Popular!

¡Movilización Política de masas!

 

COMITÉ NACIONAL

MOVIMIENTO POR LA CONSTITUYENTE POPULAR

 

 

Bogotá DC, octubre 14 de 2017